Maza hizo esta afirmación en una entrevista emitida esta noche por el programa ‘Informe Semanal’, de Televisión Española.

En la entrevista, recogidas por Servimedia, el fiscal general explicó que la razón que más pesó para pedir el encarcelamiento de Junqueras y los exconsejeros fue el “riesgo” de “reiteración delictiva”, que considera más relevante que el riesgo de fuga.

Agregó que los exconsejeros, tras su destitución en aplicación del artículo 155 de la Constitución, han asegurado públicamente que ahora son altos cargos del Estado catalán que dicen haber proclamado.

Maza citó, en este sentido, que Junqueras ha escrito un artículo en un diario extranjero en el que se presenta “como vicepresidente de la república independiente de Cataluña”.

“Claro, si se les pone en libertad y vuelve a realizar un acto de ese tipo”, apuntó al respecto el fiscal general, “pues entonces se vería burlado lo que es la finalidad de las medidas cautelares, una de las cuales es impedir que el delito se siga cometiendo. Y con base en esto, pues yo creo que la decisión de la juez es muy razonable" (por las órdenes de prisión dictadas por la magistrada Lamela).

“LA REBELIÓN NO NECESITA SER CRUENTA”

Al mismo tiempo, Maza defendió en ‘Informe Semanal’ que en su querella acusase a los miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont del delito de rebelión, aun cuando en el Código Penal se habla de que para que se dé este tipo penal debe existir violencia.

Argumentó que los episodios de resistencia a la intervención policial el día del referéndum del pasado 1 de octubre fueron “actos de violencia”, puesto que se dio “una resistencia a veces activa de una multitud de personas”. “No son actos de normalidad ni actos pacíficos como se ha querido vender”, señaló al respecto.

Además, el fiscal general se refirió a que en la sentencia del 23-F el Tribunal Supremo ya dijo “que la rebelión no necesita ser cruenta como en los tiempos de los pronunciamientos militares del siglo XIX, donde se hablaba en los códigos de alzarse en armas".

El responsable del Ministerio Público también apunta como dato fundamental la “íntima” colaboración el Ejecutivo catalán cesado con los dirigentes de ANC y Òmnium, que han promovido protestas callejeras y que han venido participando en reuniones del propio Gabinete de Carles Puigdemont.