Según la exposición de motivos de la iniciativa, el principal objetivo de esta ley al reconocer la transparencia como norma y principio general de derecho es salvaguardar la máxima protección jurídica de los consumidores y considera esta apuesta por la transparencia como una “exigencia inaplazable” ante su arraigo en la sociedad actual, mejorando su “vertebración y cohesión”.

En este sentido, el responsable de justicia y nuevos derechos del PSOE, Andrés Perelló, señaló que la intención de esta ley es añadir la transparencia “como valor fundamental” y, para ello, "contaminar transversalmente" con ella todas las leyes.

En su aplicación, que afectaría a todo tipo de contrato, tanto público como privado, así como a las compras 'online', la iniciativa propone la introducción del control de transparencia como control de legalidad de la reglamentación que los profesionales o empresarios predisponen al consumidor, y también supondría que cualquier cláusula que pudiera ser considerada como abusiva podría ser perseguida de oficio.

Así, la iniciativa propone que, para terminar con las cláusulas abusivas, se tenga que dar la comprensión material del contrato por parte del consumidor, lo que conllevaría que en el contrato se explique de forma concreta y sencilla no solo las ventajas de la firma de un contrato, sino también sus riesgos y consecuencias, así como el pleno significado de las condiciones o requisitos que se planteen.

Otra de las medidas propuestas por la iniciativa es que los notarios y registradores no puedan registrar contratos que incluyan cláusulas abusivas o cuyas consecuencias o riesgos no hayan sido explicadas debidamente al consumidor o cliente.

Según el texto presentado por el Grupo Socialista, la aprobación de esta ley implicaría la modificación de cuatro leyes en vigor como la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la de condiciones generales de contratación, la del contrato de seguro, y la ley del mercado de valores.

Para Perelló una de las consecuencias deseables de esta ley podría ser que las empresas colaboren con la administración en su implementación, o que compitan por ser transparentes de la misma forma que ya muchas lo hacen, por ejemplo, por conseguir distintivos ecológicos.

Tras el registro de la iniciativa en el Congreso y haber trabajado en su elaboración con varias organizaciones de consumidores, Perelló señaló que ahora el PSOE mantendrá contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para trabajar en la proposición y conseguir su aprobación.