Así contestó Caamaño a la pregunta que le formuló la senadora del PP María Rosa Vindel en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, sobre un presunto "trato diferencial" en favor de jueces y fiscales respecto al resto de empleados públicos.

Tras responder el ministro que la rebaja salarial es "igual para todos sin discriminación alguna", Vindel replicó que los jueces y fiscales vienen recibiendo "retribuciones muy superiores a las otros funcionarios de igual cualificación, sin justificación alguna". Y le preguntó por qué a éstos el recorte les afecta sólo al sueldo base y los trienios, no a los complementos.

También denunció que los funcionarios van a volver al poder adquisitivo de mediados de los 90 y que, en concreto, los jueces en prácticas, que son mileuristas, sufrirán un recorte del 9,73%, igual que un secretario de Estado, un total de 100 euros al mes. Insistió en que la rebaja es "discriminatoria", "injusta" y "confiscatoria" por indefinida, criticó que el Ministerio no haya recibido a las asociaciones corporativas y le advirtió que "no podrá mantener sus exiguas inversiones" para reformar la Justicia.

A su vez, Caamaño reiteró que la reducción salarial en la Justicia es "exactamente igual al resto, proporcionada y progresiva", y negó la discriminación, precisamente con el argumento de que el recorte del 9,73% se aplica a las retribuciones básicas y otro 6% a los complemento; por ello, la rebaja máxima será del 7% y "de ahí para abajo" será "proporcional". La única diferencia sería en el modo de distribuir las reducciones entre pagas, por la citada ley orgánica: una "diferencia de forma pero no de fondo".