Según informó el Ejecutivo, en este recurso se invoca el artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de la norma autonómica impugnada.

El Gobierno argumenta que la agencia recurrida “sustituye a la Fundación Centro de Seguridad de la Información en Cataluña con unas funciones atribuidas que exceden las competencias autonómicas y que invaden las competencias estatales en materia de seguridad pública”.

Se destaca que el Constitucional “ya sentenció que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.29 de la Constitución española y solamente se encuentra limitada por las competencias que las comunidades autónomas hayan asumido respecto a la creación de su propia Policía”.

Sin embargo, el Ejecutivo entiende que “las funciones atribuidas a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña superan el ámbito competencial de la comunidad autónoma”.

El recurso entiende que la ley catalana invade atribuciones estatales de seguridad pública y puede afectar también a las atribuciones nacionales sobre defensa. Otra competencia en las que el Parlamento catalán podría haberse excedido es en lo referido a las comunicaciones, telecomunicaciones y la radiocomunicación, ámbito en el que la comunidad autónoma ostenta “competencias limitadas”.