La dirigente popular contestó así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, a las preguntas sobre posibles nuevas pruebas y nombres concretos de los dirigentes que supuestamente han sido espiados.

No obstante, Cospedal se reafirmó en las acusaciones de escuchas ilegales y no descartó la posibilidad de llevar la denuncia al Parlamento o tribunales europeos. No sería una nueva, sino que, según sus palabras, "hay una denuncia presentada" que "tiene mucho recorrido". "Vamos a llegar hasta el final", aseguró.

La secretaria general del PP argumentó que las denuncias "ya están presentadas y sólo falta esperar a que los tribunales investiguen", dado que "hay actuaciones que para un particular son imposibles de investigar". Sin embargo, dio a entender que no espera que nuevas pruebas avalen su acusación. "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación", alegó. "Con echarles un vistazo es suficiente".

Además, Cospedal recordó que su formación ya ha pedido las comparecencias en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

Según el PP, De la Vega debería comparecer para explicar las supuestas "instrucciones" que, según la interpretación de los populares, transmitió a la Fiscalía General del Estado para que recurriera el sobreseimiento de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Por su parte, Rubalcaba tendría que dar cuenta de las "filtraciones de conversaciones privadas" de personas que "no están implicadas en ningún sumario", en tanto que a Conde-Pumpido el PP le preguntará por lo que consideran la "doble vara de medir" que sigue en sus actuaciones y por las investigaciones que esté llevando a cabo en relación al ex director del CNI, Roberto Saiz, y la subvención de la Junta de Andalucía a la empresa donde trabaja la hija de su ex presidente y actual vicepresidente tercero de Gobierno, Manuel Chaves.

Cospedal rechazó las acusaciones del propio Chaves en relación a una supuesta "presión" del PP sobre los tribunales de justicia, y replicó que "el Goberno está muy poco legitimado para decir esto, que, además, no es verdad".

La dirigente popular comparó la actitud del actual Gobierno con los del PP, con los que, a su parecer, "no se produjo este intento de corrupción de las instituciones". En este sentido, enmarcó dentro de la "alternativa" que propone su partido "una concepción del Estado de derecho donde esté a salvo la independencia judicial" y "las instituciones trabajen en beneficio de todos los ciudadanos", no según su afiliación ideológica.

"En cualquier país democrático en que la oposición dice que se siente observada", remató Cospedal, "el Gobierno lo que hace es abrir una investigación", no ponerse "a la defensiva".