La proposición, que recibió 21 votos a favor y 14 abstenciones, reclama al Gobierno, entre otras cuestiones, que reforme el artículo 12.4 de la Ley de Protección Jurídica de Extranjería para “garantizar que ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de determinación de la edad”.

La diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Ione Belarra criticó que, ahora mismo, aquellos documentos que “sí sirven para expulsar a personas extranjeras no sirven para acreditar su edad” e hizo hincapié en que las pruebas que se realizan para comprobar si una persona extranjera ha cumplido la mayoría de edad son ineficaces, puesto que “tienen un margen de error de dos años”.

La diputada del PSOE María Dolores Galovart denunció que fruto de esta problemática “cada semana se quedan en la calle menores extranjeros que están documentados como menores de edad, lo que conlleva que no están bajo el paraguas de protección del menor”, pero a su vez, al no invalidarse esa documentación, “no pueden acceder a las prestaciones ni a los servicios ni a los dispositivos reservados para los mayores”.

La proposición también insta al Gobierno a reformar el artículo 190 del Reglamento de Extranjería para garantizar la asistencia de un letrado con formación específica a los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento en el que llegan a territorio español, así como asegurar la autorización a los mayores de 16 años de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

Con motivo de la tutela, esta iniciativa pide al Gobierno que garantice que “con independencia de la nacionalidad, las administraciones asumen la tutela ex lege de todos los menores que se encuentran en situación de desamparo” y además se reforme la Ley de Extranjería y el reglamento de la Ley de Extranjería para “otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad”.

TRASLADOS DE MENORES A LA PENÍNSULA

Si el Ejecutivo decidiese cumplir con el objeto de esta proposición también deberá promover los traslados de los niños y niñas no acompañados que se encuentran en las ciudades de Melilla y Ceuta a la Ppnínsula, “siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados y con la correspondiente asignación económica a las comunidades autónomas” y programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcancen la mayoría de edad.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Félix Álvarez (‘Felisuco’) se mostró de acuerdo con el propósito de esta iniciativa y remarcó que “una sociedad que no atiende y no mima a sus ancianos, que no protege a sus débiles y que no cuida y ampara a sus niños y a sus niñas es una sociedad sin futuro abocada al desastre”.

Finalmente, la diputada del PP Silvia Heredia pidió que se valorase el trabajo que están realizando la Administración y las organizaciones, sobre todo de Ceuta y Melilla, en esta materia y reclamó que “den un paso adelante” aquellas comunidades autónomas dispuestas a acoger menores extranjeros no acompañados.