El TC acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión cautelar hasta el análisis del fondo de la cuestión en un plazo no superior a cinco meses.

Este recurso es el último de los que ha presentado la Abogacía del Estado contra las leyes que pretenden crear estructuras de Estado en Cataluña. Todas ellas han sido impugnadas. Ésta, en concreto, fue recurrida el pasado mes de septiembre.