En una nota de prensa emitida hoy, esta organización reconoce la situación de crisis económica en la que se encuentra el país y la necesidad de adoptar medidas para afrontarla, pero reclama "criterios más solidarios y generales" en los recortes, de manera que no afecten únicamente a "los trabajadores de la función pública y los pensionistas".

UPSJ indica que "no convocará ninguna medida expresa de presión" y que respetará a "aquellos de sus afiliados y al resto de secretarios judiciales que ejerzan su derecho constitucional de huelga en el sentido que entiendan conveniente según su conciencia".

La organización entiende que la huelga convocada por las centrales sindicales es una legítima medida adoptada "exclusivamente en contra de las desafortunadas actuaciones del Gobierno para la reducción del déficit, con las que resultamos injustamente perjudicados los funcionarios públicos".

En ningún caso, afirma, puede considerarse dirigida "contra la incipiente reforma de la Administración de justicia, ni contra la implantación de la Nueva Oficina Judicial".

En ese sentido, denuncia que son muchos los "grupos de presión que intentarán aprovechar la jornada de huelga para arremeter contra la Oficina Judicial y las reformas procesales", cuando son asuntos que no deben mezclarse.

De hecho, la UPSJ afirma que las reformas emprendidas suponen un "gran logro" para la dignificación de la profesión, que implica la "asunción de importantes responsabilidades" que, sin embargo, no se han visto reflejadas en una "paralela mejora retributiva", situación que ahora se ve agravada por los recortes acordados por el Ejecutivo.