El DCA se caracteriza por causar discapacidad de forma repentina a más de 100.000 personas al año en España. Tras una lesión en el cerebro, como un ictus o un traumatismo craneoencefálico, las consecuencias pueden ser tan variadas como las funciones cerebrales, causando problemas físicos, cognitivos, en la comunicación, alteraciones sensoriales, emocionales y en la personalidad.

Sin embargo, Fedace remarcó que estas personas se enfrentan a un panorama de recursos de atención “insuficiente”, puesto que “existen 93 centros especializados en daño cerebral que ofrecen 4.426 plazas, de las cuales 727 son públicas, 1.275 concertadas y 2.424 privadas”, y además, “la distribución de estas plazas es desigual dentro del territorio español, produciéndose una situación de desequilibrio en la atención según la comunidad autónoma de residencia”.

De esta manera, argumentó que “familias de Canarias, La Rioja o Asturias, por ejemplo, se verán forzadas a trasladarse a otras zonas para poder optar a una rehabilitación adecuada, al no haber plazas públicas ni concertadas en su comunidad”.

El presidente de Fedace, Luciano Fernández, ha hecho hincapié en que “las familias se ven desamparadas ante el daño cerebral cuando han de ser parte beneficiaria de un proceso de atención especializado” y, por ello, “creemos que se debe crear la categoría diagnóstica Daño Cerebral Adquirido que ponga en marcha este proceso al alta hospitalaria”.

A su juicio, el código diagnóstico, el impulso de un censo de personas con DCA para dimensionar de forma adecuada los recursos necesarios para el colectivo y garantizar la continuidad asistencial y la coordinación sociosanitaria son “esenciales para alcanzar niveles de calidad de vida e inclusión social suficientes para las personas con daño cerebral”.

Por último, Fernández destacó que “una Estrategia Nacional de Atención al DCA permitirá poner en marcha estas medidas de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas en la atención al colectivo”.