Según informó la CNSE en una nota, esta ley ha sido largamente reivindicada por el movimiento asociativo de personas sordas en España, donde, por primera vez, se reconocían la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, garantizándose con ello la libertad para aprenderlas y utilizarlas.

La Ley 27/2007, en tanto que normativa básica estatal, propició que en 2010 Cataluña aprobara su propia ley de la lengua de signos catalana y que posteriormente, en 2011, lo hiciera Andalucía.

Para la CNSE, el cumplimiento y desarrollo de la Ley 27/2007, además de prioritario, debe ser igualitario en todo el territorio español, de manera que todas las personas sordas tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos independientemente del lugar donde vivan.

“Aunque se trate de una regulación mediante ley estatal, las comunidades autónomas pueden y deben regular de manera más concreta la forma en que va aplicar esta norma en su territorio, y facilitar el ejercicio de los derechos de las personas sordas. Tanto a nivel estatal como autonómico, es necesario crear normas y actos de aplicación específicos que aseguren su cumplimiento”, recalcó Concha Díaz, presidenta de la entidad.

Gracias a esta ley, a partir de 2011 comenzó a funcionar el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse), un centro de titularidad pública que es referente en el ámbito estatal para todo lo relativo a esta lengua, y que además de propiciar congresos y seminarios, ha elaborado numerosos informes sobre el estatus de la lengua de signos española.

Según la CNSE, los avances en materia de normalización de la lengua de signos han contribuido a su progreso social y lingüístico, por lo que la presidenta de la entidad aseguró que “es necesario que los gobiernos den apoyo efectivo a estas políticas, con presupuestos suficientes, y materialicen las reivindicaciones a favor de la lengua en medidas concretas. No podemos conformarnos con meros reconocimientos simbólicos”.