El real decreto aprobado hoy añade al anterior la necesidad de que los jefes de unidad en las que se encuentren destinados militares que van a ser evaluados para el ascenso informen directamente al Mando o Jefatura de Personal respectivo de si alguno de ellos se encuentra procesado o inculpado ante la jurisdicción militar; investigado o encausado ante la jurisdicción ordinaria; si se han adoptado medidas cautelares contra él en un proceso penal; o si se ha incoado contra él procedimiento disciplinario por falta muy grave.

El real decreto fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), y sometido a dictamen del Consejo de Estado, incorporándose al texto sus recomendaciones.