La aprobación de esta ley, transposición de una directiva comunitaria del año 2014, con las enmiendas a favor de la Economía Social propuestas por Cepes transformará la contratación pública por parte de las administraciones públicas, al primar en ella criterios sociales y medioambientales.

"Este importante nuevo marco jurídico permitirá a los poderes públicos gestionar de una manera más eficiente y corresponsable, desde el punto de vista del interés público y de la racionalización económica, los presupuestos públicos destinados la contratación pública, que supone cerca del 20% del PIB nacional", afirmó el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño.

Cepes, como patronal de la Economía Social, ha trabajado con los grupos parlamentarios durante los últimos meses para alcanzar el mayor grado de consenso y acuerdo posible en esta ley. Gracias a ello, se establecieron diversos avances de carácter social y de fomento a la contratación responsable en la ley finalmente aprobada con respecto a la propuesta legislativa inicial que comenzó su andadura hace más de dos años.

"Confiamos en la implementación óptima de esta norma por parte de todas las administraciones públicas, ya que las empresas y entidades de la Economía Social se encuentran actualmente infrarrepresentadas en la contratación pública, siendo el porcentaje de contratos públicos adjudicados a la Economía Social muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en la creación de empleo", añadió el presidente de Cepes.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

La nueva normativa sobre contratación pública establece la incorporación de criterios sociales y medioambientales de manera transversal en toda contratación.

Además, se supera el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos, que se sustituye por la mejor relación calidad-precio.

La nueva ley también incorpora, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social, como empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Además, se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación, y también se contempla que los conciertos sociales por parte de entidades privadas (regímenes de autorización o licencia) se excluyan de la ley de contratos.

Por último, Cepes valora que se solucionen los supuestos de subrogación empresarial cuando empresas de Economía Social dejan de prestar sus servicios a las administraciones.