De esta manera, el texto será ahora remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y posterior entrada en vigor.

Las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, del PP, modifican tres artículos del texto aprobado en julio por el Congreso para que la norma se atenga a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en lo referente a la aplicación de los convenios colectivos. De esta manera, una empresa que tenga convenio colectivo propio no tiene que cumplir lo establecido en uno sectorial.

Con esta Ley de Contratos del Sector Público se transpondrán al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014. Entre los objetivos del texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

La norma prevé también que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.