En la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, Báñez señaló que el del Plan Prepara, cuyo objetivo es proteger a los desempleados de larga duración en condiciones especiales de vulnerabilidad y ayudarles a encontrar empleo, es el tercer decreto ley sometido a convalidación en la actual legislatura orientado al empleo, tras los de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el Programa de Activación para el Empleo.

Durante su intervención, la ministra destacó el “intenso proceso de trabajo” llevado a cabo con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas para alcanzar el acuerdo sobre esta prórroga, cuyo objetivo es “dar oportunidades a quienes más lo necesitan”.

En esta línea, Báñez destacó el acuerdo alcanzado por unanimidad con todas las autonomías para atribuir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la competencia para gestionar el Prepara hasta el 30 de abril de 2018 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que encomendaba a las regiones la gestión de los recursos de este programa.

La ministra destacó que desde su entrada en vigor por primera vez en 2011, y tras ser renovado en trece ocasiones, se han beneficiado del Plan Prepara cerca de un millón de personas, de las cuales un tercio consiguieron empleo.

En este sentido, Báñez subrayó que el programa debe estar orientado a la activación de los desempleados y destacó que se ha logrado recuperar el 65% del empleo que destruyó la crisis, para a continuación añadir que “no hay ni un minuto para la complacencia y hay que seguir dando oportunidades a los trabajadores”.

ÚLTIMA PRÓRROGA

Esta prórroga del Prepara, prevista como la última y de manera “extraordinaria”, se aplicará hasta el 30 de abril de 2018 con carácter retroactivo desde el 15 de agosto de 2017, cuando dejó de estar en vigor tras bajar la tasa de paro del 18%, umbral que hasta ahora determinaba su renovación automática.

En este sentido, la ministra remarcó el objetivo “de revisar hasta el 30 de abril de 2018, en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas, los distintos programas que actualmente complementan la protección por desempleo con el fin de adecuarlos al marco competencial de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

Así, Báñez indicó que en el diálogo con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, se constató "la necesidad de evitar prescindir de ningún elemento actual de cobertura de desempleo", evitando con ello "lagunas de protección". El objetivo, según Báñez, es facilitar la transición del desempleo al empleo hasta al menos alcanzar el objetivo de 20 millones de personas trabajando en el horizonte de 2019.