De dicho análisis se desprende que 917 ayuntamientos elevaron la presión fiscal, al no haber rebajado los tipos impositivos en una medida suficiente para compensar l elevación de los valores catastrales.

El caso extremo se da en un grupo de 40 municipios que han procedido a la revisión catastral y que han incrementado la presión fiscal en más de cinco veces respecto a la situación anterior.

Sólo 222 municipios han mantenido la presión fiscal en términos similares a la existente antes de la revisión catastral y únicamente 83 aprovecharon este proceso para reducir la que aplicaban previamente, de acuerdo con el balance realizado por el Centro de Gestión Catastal.

Un dato llamativo del balance realizado por este centro es que apunta la posibilidad de que los ayuntamientos hayan incurrido en errores al aplicar los nuevos tipos impositivos sobre las bases catastrales actualizadas.

A este respecto, señala que "debe destacarse que en 606 municipios, a pesar de que se han disminuido tipos para 1994, se incrementa la presión fiscal respecto a 1993, lo que viene a poner de manifiesto, posiblemente, apreciaciones erróneas o cálculos equivados a la hora de deciir el tipo impositivo".

La revisión catastral realizada en 1993, con efectos impositivos para 1994, forma parte del proceso de elevación de los valores catastrales puesto en marcha por el Gobierno, repartiéndolo en varios ejercicios, hasta el año 2.000, tras la polémica suscitada por el llamado "Catastrazo". En España hay algo más de 8.000 ayuntamientos.

La Ley de Haciendas Locales de 1988 autoriza a los ayuntamientos en los que entren en vigor revisiones o modificaciones de los valores catastrals a reducir el tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles hasta un 0,1 por ciento durante un periodo máximo de tres años.

El objeto de esta previsión es permitir, a los Ayuntamientos que lo deseen, no incrementar la presión fiscal municipal en el IBI.

Sin embargo, el análisis realizado por el Centro de Gestión Catastral evidencia que no ha sido esa la política seguida por los ayuntamientos, probablemente acuciados por sus dificultades económicas, puesto que aunque la mayoría redujeron los ipos, no lo hicieron en una medida suficiente para compensar la elevación de la base impositiva sobre la que se aplica, el valor catastral.