La moción, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que inicialmente defendía un plazo de tres meses, acordó finalmente dar al Ejecutivo un plazo de seis meses, como fruto de la negociación entre los diferentes grupos parlamentarios, entre los que se encontraba el Partido Popular, quien defendió que “sería imposible cumplir” los desarrollos pendientes en el plazo inicial de tres meses.

El senador del PSOE Nemesio de Lara criticó que tras dos años de aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social “solo se ha regulado la Comisión para el Diálogo Civil” e hizo hincapié en que “si esta ley no se ha desarrollado todavía habrá sido por indolencia”, porque “la disposición establece que la regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal”.

En este sentido, esta iniciativa pide al Gobierno la aprobación el Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, la regulación del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social, la regulación del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y la creación y puesta en marcha del inventario de entidades sociales.

De Lara expresó su deseo de que, tras 30 meses de aprobación de la ley, finalmente se aprueben los desarrollos que recoge este mandato y no se necesario presentar más iniciativas instando al Ejecutivo a nueva prórroga.

“FALTA DE RESPETO”

Por último, el senador socialista criticó que “el tiempo utilizado ya hasta ahora es una falta de respeto y consideración a las entidades del Tercer Sector”. Asimismo, la senadora de la Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, mostró su apoyo a esta iniciativa, puesto que “la marginación y la exclusión social no son cosas del pasado”, sino que, con motivo de la crisis, “cientos miles de personas se han visto excluidas de niveles elementales propios del Estado del bienestar”.

Por su parte, la senadora del PNV Nerea Ahedo, aunque se mostró a favor de que una ley necesita sus desarrollos reglamentarios, indicó que no apoya esta ley porque ya cuando se aprobó en su momento “mi grupo presentó un voto en contra porque esta ley se zampaba las competencias exclusivas del País Vasco”.

Ignacio Bernal, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, destacó que “es importante que se desarrolle completamente esta ley” y añadió que consideran que ”el Tercer Sector debería ser un complemento a los servicios públicos y universales y no una sustitución de derechos sociales, que rompa con el modelo de justicia social”.

Por último, la senadora del PP Paloma Inés Sanz dijo al grupo socialista que “podían haber aprobado esta ley cuando gobernaron y no lo hicieron” y aunque reconoció que “es verdad que quedan muchas cosas por hacer”, afirmó que “lo estamos haciendo”.