Fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que, en el caso de que Puigdemont reconozca haber declarado la independencia, las medidas no pasarán únicamente por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender total o parcialmente el autogobierno de una comunidad autónoma.

Además, el Ejecutivo presentaría ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia para "suspender jurídicamente" los efectos de esa declaración de independencia y dejarla anulada.

Este incidente de ejecución de sentencia no es el primero que presenta el Gobierno de Rajoy sobre Cataluña y estaría basado en las resoluciones 295/2015 del 2 de diciembre y 90/2017 del 5 de julio del Tribunal Constitucional.

La primera dejó sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre que abría el camino para romper con el resto de España. La segunda, de este mismo año, anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum de independencia de este 1 de octubre.

El Gobierno de Rajoy considera que el incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional y la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna con medidas concretas son "vías paralelas" que deberían emplearse para detener en seco la declaración de independencia rubricada el martes por Puigdemont y el resto de los parlamentarios secesionistas de Junts pel sí y la CUP.

Las mismas fuentes adujeron que el Gobierno no acude ahora mismo al Tribunal Constitucional porque prefiere esperar a la respuesta de Puigdemont al requerimiento enviado por Rajoy este mismo miércoles, ya que así tendría una prueba "en firme" de que se ha vulnerado la legislación vigente.