Así se pronunció el líder de Podemos al inicio del Consejo Ciudadano que esta tarde se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde Iglesias alertó de la “situación de excepcionalidad” que se abriría si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicara estas vías constitucionales, lo que supondría un “drama” para España y contribuiría a “dinamitar” los puentes de diálogo que son, a su juicio, “imprescindibles”.

En este sentido, avisó a la Generalitat: “Una declaración unilateral de independencia sería probablemente la peor decisión que podría tomar el Govern porque eso facilitaría todo el marco de argumentarios que permitiría al Gobierno español aplicar o el 155 o directamente el 116” de la Carta Magna.

Y esto, agregó, “ya no es una cuestión de palabras”, sino que implicaría “el control efectivo de los Mossos d’Esquadra, el control efectivo de los dispositivos administrativos de la Generalitat, el control de TV3; eso implicaría llevar al conjunto de nuestro país a una situación de excepcionalidad”.

EL “ATAJO” DE LA DUI

Insistió en que todavía “hay tiempo”, mientras no haya declaración unilateral de independencia por parte del mandatario catalán ni aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. En este sentido, dijo que será Podemos quien tenga que “descolgar” el teléfono para “buscar fórmulas” que eviten que, por un lado, se pueda declarar la independencia en Cataluña y, por otro, “haya una intervención autoritaria del Gobierno” de Mariano Rajoy.

Ninguna de estas dos acciones, explicó, partiría de una “legitimación democrática”. Agregó que en Podemos “somos los que decimos que el futuro de Cataluña y su relación jurídica con el Estado la deberán decidir los catalanes, pero eso no se puede hacer a partir de ningún atajo, por legítimo que sea”, al referirse a la declaración unilateral de independencia.

Indicó también que “por legitima que haya sido la movilización democrática del 1-O” en la que, dijo, “participamos y nos jugamos la cara” al defender los derechos y libertades de los catalanes, en Cataluña tiene que existir una “eficacia jurídica” y las “garantías” suficientes que permitan “que el derecho a decidir sea una realidad”.