El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, informó de que con este real decreto podrán beneficiarse a 1,8 millones de ciudadanos, autónomos, empresas y ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.

Todos ellos podrán acceder a una ayuda de 400 euros para la instalación de su Internet “a una velocidad decente” de 30 megas por segundo. Nadal indicó que una persona que tiene su vivienda en una zona montañosa, con la ayuda de los 400 euros “va a poder cubrir la parabólica y la instalación” y matizó que “luego tendrá una cuota mensual similar al de cualquier servicio de telefonía con un acceso a 30 megas”.

El ministro informó que para el año 2017 se prevé un gasto de cinco millones euros, que aumentará a 45 para el año que viene, de los que se espera que un 63% de retorne procedente de fondos comunitarios.

Nadal destacó que este real decreto una “vía adicional” a las medidas que están en marcha para que las zonas remotas puedan acceder a esta ayuda desde la fecha de publicación, que “permiten cubrir financieramente un coste adicional extra que como usuarios tienen por vivir en zonas muy alejadas de donde ahora mismo se están desplegando redes”.

“Es muy importante el despliegue en esas zonas geográficas para que una parte de España no tenga que esperar a participar en esa revolución digital que tanto está transformando nuestra sociedad y nuestra economía, y que tiene que ser una de las bases de la economía del presente y del futuro de nuestro país”, recalcó.

El ministro señaló que este real decreto forma parte de una estrategia que se lleva a cabo por parte del Gobierno desde 2013 en cumplimiento de acuerdo del Consejo Europeo de 2010 en el que se estableció un objetivo para que en 2020 toda la población de los estados miembros debería tener la capacidad de acceder en redes fijas de telefonía, es decir internet, al menos a una velocidad de 30 megas por segundo.

El ministro recordó que los grandes operadores cuando hicieron el concurso del 4G y recibieron su parte de espectro, “adquirieron la obligación regulatoria de cubrir al 98% de la población española al menos con 30 megas por segundo y eso lo tienen que ir cubriendo de aquí a 2030. En este sentido, manifestó que queda un 2% de población “que no están amparados y para los que se hace este Real Decreto”.