El comunicado describe el pasado domingo 1 de octubre como “uno de los días más tristes y dolorosos de la historia reciente de nuestro país”, que requiere “respuestas serenas y sosegadas”.

Tras salir en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, la UPF dice que los hechos ocurridos el domingo “no han hecho sino revelar la continuidad del Gobierno de la Generalitat en su escalada de desprecio a las normas más básicas de convivencia democrática”.

“El Estado de Derecho es condición indispensable de una verdadera democracia. La sujeción a las leyes por parte de la ciudadanía pero, aún más, del poder público constituye la mayor garantía para la convivencia pacífica”, aseguran. En democracia, continúa el texto, las leyes que dejan de ser acordes con un sentir social determinado “no se incumplen o desobedecen, sino que se modifican” por procedimientos legales conforme a las mayorías parlamentarias surgidas legítimamente de las urnas.

El Estado de Derecho, añaden, implica también “el escrupuloso cumplimiento de los mandatos emanados por las autoridades judiciales –jueces y fiscales–, en cuanto garantes de esa legalidad”.

Sin embargo, la UPF no criminaliza “a todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra tras su intervención durante la jornada del pseudo-referéndum organizado por las instituciones catalanas, pero sí lamentamos el proceder de los altos mandos de la Policía autonómica de Cataluña que con sus directrices han desoído el mandato judicial, alineándose con posicionamientos políticos impropios de un cuerpo policial. Como Policía Judicial que son, la quiebra de confianza generada resulta desoladora”.

La asociación de fiscales progresistas lamenta “la absoluta falta de respuesta política” a los acontecimientos de Cataluña, “trasladando buena parte de la responsabilidad de su resolución al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial”. “Los problemas políticos deben abordarse con responsabilidad institucional, diálogo y soluciones políticas que, muy probablemente, hubiesen evitado la situación límite en la que desgraciadamente nos encontramos tras la deriva secesionista”, añade.

Para la UPF, “la fractura social que se vive en Cataluña resulta desoladora” y la quiebra de la convivencia la viven “intensamente” los fiscales que trabajan en Cataluña “bajo una tremenda presión”. El comunicado finaliza manifestando el apoyo de la asociación a sus compañeros, a los que transmiten todo su “apoyo y admiración, por su compromiso y por su defensa de la legalidad, del interés social y, por encima de todo, del Estado Social y Democrático de Derecho”.