Según el Cermi, el ejemplo más reciente de esta “conducta persecutoria” es el requerimiento dirigido por el Gobierno central a la Junta de Extremadura, para que revise su legislación de consumo, aprobada en 2017, y derogue el mandato de que las estaciones de servicio de esa comunidad autónoma cuenten con personal de atención permanentemente. Si no se procede a esa reversión legal, el Ejecutivo central amenaza a Extremadura con plantear recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Cermi considera “cínica” la posición del Gobierno de España en este asunto, pues no protege a los consumidores, teniendo competencias para ello, pero tampoco permite que lo hagan las comunidades autónomas más concienciadas y comprometidas como es el caso de la de Extremadura.

“Ni hace ni permite hacer, dejando a las personas con discapacidad en absoluta indefensión para el ejercicio de sus derechos como consumidores”, agrega la entidad.

“La argumentación del Ejecutivo central para oponerse a regular la obligación de atención en las estaciones de servicio es falaz en el caso de las personas con discapacidad, pues en primer lugar ni el mercado ni el desarrollo tecnológico ofrecen posibilidades, en el momento actual, para el autoabastecimiento, por lo que resulta esencial la atención humana; y segundo, porque, de ser posible técnicamente, que no lo es, no existe ninguna disposición normativa que obligue a la estaciones de servicio a ser autoaccesibles”, añade el Cermi.

Ante esta situación, el Cermi exige al Gobierno central que cese en esta “actitud beligerante” contra las comunidades autónomas que han dado el paso en la defensa de los derechos de los consumidores, y promueva una normativa estatal que establezca el deber de que todas las estaciones de servicio dispongan de personal de atención de modo permanente.