Estas asociaciones señalan como responsables de lo ocurrido a “quienes ostentan en Cataluña la más alta representación del Estado, conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía”.

A su juicio, la desobediencia a las leyes y a las resoluciones judiciales se ha llevado a cabo “no sólo por los altos cargos del poder ejecutivo y legislativo” de Cataluña, sino también “por las fuerzas de policía autonómica, haciendo peligrar el Estado de Derecho”.

Los fiscales indican que para desempeñar sus funciones constitucionales, el poder judicial precisa de “una policía judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales”.