Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Urkullu quiso solidarizarse con las personas heridas en los incidentes, personas que “se habían acercado a los centros de votación de forma pacífica” y que, en su opinión, se encontraron con una actuación policial “totalmente desproporcionada”.

Por ello, dijo sentir “preocupación ante una situación política a la que nos ha conducido la ausencia de diálogo” y manifestó su “incomprensión” ante la dirección de la estrategia policial adoptada frente al intento de referéndum de autodeterminación y considera que “tendrá consecuencias en el futuro”.

Para el líder del Ejecutivo vasco, la sociedad catalana “ha sabido mantener el equilibrio y la seriedad, tanto los que tomaron la decisión de votar como los que prefirieron no hacerlo”.

Urkullu expresó su profundo sentimiento de “preocupación y tristeza” por una sociedad, la catalana que “no se merece esto”. Además, reiteró su rechazo a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y opinó que la manera de gestionar el conflicto “ha desbordado algunos límites que no hubiéramos imaginado”.

En su exposición, el lehendakari vasco pidió “prudencia y respeto” en relación a la vía y las decisiones que han adoptado la sociedad y las instituciones catalanas, y volvió a reclamar una “solución política negociada” ya que “ni la imposición, ni la vía judicial, y mucho menos, la vía policial o penal son la solución”.

Además, se mostró convencido de que el conflicto sobre Cataluña, debe ser trasladado de un marco de enfrentamiento y tensión, a un marco de diálogo político e institucional.

Asimismo, cree que el reto fundamental es “evitar cualquier forma de fractura social o política”, ya sea entre diferentes ámbitos territoriales o institucionales. “Nuestra responsabilidad es anticipar soluciones, articular mecanismos consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro”, recalcó.

Urkullu reflexionó sobre los acontecimientos que han llevado a la situación actual y criticó las actuaciones que desde el Partido Popular han llevado a cabo, como la recogida de firmas contra el Estatuto y el posterior recurso y sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Afirmó que, desde este momento y durante siete años, los poderes del Estado “no han ofrecido ninguna alternativa que permita reconducir la situación” y culpó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de falta de capacidad política para emprender un diálogo con voluntad de acuerdo.