Las víctimas, que generalmente son mujeres con una situación social, familiar o económica precaria, desconocían que realmente venían a ejercer la prostitución hasta llegar a España donde una ‘madame’ que ejercía de proxeneta las sometía bajo un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar la deuda que habían adquirido.

Esa deuda se generaba al llegar a España, donde tenían que devolver todos los gastos contraídos por facilitarles la documentación, los traslados y, finalmente, los gastos en concepto de manutención y residencia que se sumaban a la deuda principal. Por ello, el control de la organización aumentaba aun más en el tiempo, convirtiéndose en una deuda astronómica difícil de saldar.

Según fuentes del Ministerio del Interior, esta investigación se inició en el mes de abril cuando se recibió una denuncia a través de la web de la Policía Nacional en la que se informaba de la existencia de un piso del que se veía salir y entrar a mujeres chinas que siempre iban a compañadas de un hombre.

Las red criminal estaba constituida en tres ramas, la primera de ellas captaba a las mujeres en su país de origen, la segunda se encargaba de organizar el viaje de las víctimas y la tercera estaba formada por los ahora arrestados que pagaban por estas mujeres en España donde las explotaban.