"Se documentaron graves violaciones de derechos humanos, como arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos y tortura, y al menos una ejecución extrajudicial", señala el informe.

El documento reitera que todos los residentes de Crimea se vieron afectados cuando las leyes ucranianas fueron sustituidas por las de Rusia, así como decenas de miles por la imposición de la ciudadanía rusa. Éstas y otras acciones destacadas en el informe supone una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El informe formula 20 recomendaciones al Gobierno ruso, al que insta a respetar sus obligaciones como potencia ocupante, defender los derechos humanos de todos e investigar efectivamente las presuntas torturas, secuestros y asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad y de autodefensa de Crimea.

"El hecho de no procesar estos actos y garantizar la rendición de cuentas ha negado a las víctimas un remedio adecuado y ha fortalecido la impunidad, lo que podría fomentar la perpetración de violaciones de los derechos humanos", continúa el informe.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que la imposición de la ciudadanía por parte de Rusia tuvo un impacto “particularmente duro” en tres grupos: los que la rechazaron formalmente, los funcionarios públicos que tuvieron que renunciar a su ciudadanía ucraniana o a perder su empleo, y los residentes de Crimea que no cumplían los criterios legales y se convirtieron en extranjeros.

"Las personas que poseen un permiso de residencia y ninguna ciudadanía de la Federación de Rusia no gozan de igualdad ante la ley y están privadas de derechos importantes", indica el informe, al tiempo que añade: "No pueden poseer tierras agrícolas, votar y ser elegidos, registrar una comunidad religiosa, solicitar una reunión pública, ocupar puestos en la administración pública y volver a registrar su vehículo privado en la península".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recalcó que “la cuestión de la ciudadanía ha tenido un impacto importante en la vida de muchos residentes de Crimea". "Como dice el informe, la imposición de la ciudadanía a los habitantes de un territorio ocupado se puede equiparar a obligarlos a jurar lealtad a un poder que pueden considerar hostil, lo que está prohibido por el Cuarta Convenio de Ginebra", agregó.

PRESOS TRANSFERIDOS A RUSIA

Por otro lado, cientos de prisioneros y detenidos antes de ser juzgados han sido transferidos a Rusia, pese a que esta práctica está estrictamente prohibida por el derecho internacional humanitario. Algunos de ellos fueron maltratados y al menos tres murieron después de no recibir la atención médica que necesitaban.

El informe también destaca el severo impacto de los cambios judiciales y policiales introducidos bajo la ocupación rusa. "Las leyes de Ucrania fueron sustituidas por las leyes de la Federación de Rusia, en violación de la obligación bajo el derecho internacional humanitario de respetar la ley existente del territorio ocupado", señala.

"Entre otras implicaciones, esto llevó a la aplicación arbitraria de las disposiciones del derecho penal de la Federación de Rusia destinadas a combatir el terrorismo, el extremismo y el separatismo, que han restringido el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y el espacio para el disfrute de las libertades fundamentales", agrega.

Los más afectados fueron los oponentes al referéndum de 2014 y otras personas críticas como periodists, blogueros, activistas sociales y partidarios del Mejlís, una institución representativa de los tártaros de Crimea que fue declarada organización extremista y prohibida en abril de 2016. Bajo el pretexto de combatir el extremismo, las autoridades rusas en Crimea realizaron búsquedas domiciliarias, intimidaron y detuvieron a miembros de la comunidad tártara de Crimea.

Muchos de los presuntos casos de tortura y malos tratos ocurrieron en 2014, cuando comenzó la ocupación rusa, según el informe. Entre otros abusos, se señala el uso del internamiento forzado en un hospital psiquiátrico como forma de hostigamiento contra opositores políticos y al menos 10 desapariciones.

Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que “la educación en la lengua ucraniana casi ha desaparecido de Crimea", lo que tiene numerosos impactos a través de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Además de las 20 recomendaciones a Rusia, el informe también alienta al Gobierno de Ucrania a "utilizar todos los medios legales y diplomáticos disponibles para promover y garantizar el disfrute de los derechos humanos de los residentes de Crimea".