Elaborado a partir de más de 1.400 encuestas a padres con hijos escolarizados mayoritariamente en centros públicos (90%), el informe concluye que prácticamente todas las familias realizan algún tipo de "copago encubierto, aunque esto es totalmente ilegal".

Agrega que el 30,89% de los padres paga por materiales de uso diario como cuadernos y fotocopias; el 14,77% se ocupa de las obras que hay que realizar en su centro; un 17,61 paga por los materiales informáticos (pizarras digitales, ordenadores o proyectores) y el 13,85% asume la contratación de personal de apoyo.

Del mismo modo, casi el 46% de las familias encuestadas sufragan actividades educativas complementarias que ofrecen los centros, como aulas matinales, refuerzos, excursiones u otras.

En cuanto a la forma de pago, el 13,5% dice que efectúa cuotas mensuales, el 14,3% realiza el abono en el momento de la matrícula y el resto asume los pagos cuando se lo comunican.

En rueda de prensa, el vicepresidente de Ceapa, Antonio Martín, destacó que esta práctica está "generalizada" en toda España, aunque "es más grave en unas Comunidades que en otras". Como ejemplo puso Cataluña, cuyos padres pagan de media 70 euros por curso.

"DEBERÍAMOS PLANTARNOS"

El informe señala también que en el 68% de los casos son los propios centros quienes solicitan el abono a las familias, que "la mayoría de las veces pagan para evitar que sus hijos se vean marcados o se queden sin calefacción en pleno invierno".

"Al final, nadie quiere meterse en un pleito por 20 euros y todos pagan, aunque "lo cierto es que esto es ilegal y deberíamos plantarnos", señaló Letizia Cardenal, presidenta de Ceapa, quien reclamó el papel de los inspectores para evitar este tipo de situaciones. Además, la mayoría de equipos directivos no aceptan una negativa en este sentido" y "hemos conocido casos de amenazas", agregó.

NUEVO CURSO

En cuanto al inicio del curso escolar, Cardenal aseguró que Ceapa continuará con su campaña para eliminar los deberes y "defender la autonomía de las familias para gestionar su tiempo libre", y denunció la continuidad de los recortes, la falta de centros públicos de 0 a 3 años, el hecho de que varias comunidades autónomas sigan sin pagar los libros de texto y la pérdida de profesorado.

Finalmente, pidió abrir "un debate sosegado y profundo" sobre el calendario escolar, e instó a la subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado por la Educación a "tomar los medios necesarios para acelerar el proceso, que no avanza y se encuentra paralizado". Esta situación "puede llevarnos a que la Legislatura termine sin el famoso pacto" y, mientras tanto, la Lomce sigue vigente.