Así se desprende de la propuesta que Garzón llevará el próximo sábado a la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, y a la que tuvo acceso Servimedia. El texto ha sido consensuado con Esquerra Unida i Alternativa, su federación catalana, y podría ser sometido a modificaciones tras el debate en el órgano de dirección colegiada de la coalición.

La previsión, en todo caso, es que sea aprobado el mismo sábado y será la aportación de Izquierda Unida a la Asamblea de cargos públicos convocada por Podemos y sus confluencias y aliados para el día siguiente, el domingo, en Zaragoza.

En el texto, Izquierda Unida reitera su tesis de que en Cataluña "existe un conflicto político de carácter histórico que requiere una solución política que sólo puede venir a través de la negociación y el diálogo". "Entre los mecanismos democráticos disponibles debería incorporarse un referéndum pactado que permita a la sociedad catalana decidir sobre su futuro", añade, ya que el 80% de la sociedad catalana "ha manifestado su interés en ejercer el derecho a decidir, y esto no puede ignorarse".

Denuncia que el Gobierno "no está abordando este problema político con una actitud democrática" sino que, por el contrario, "está utilizando la represión y el autoritarismo". "La vulneración de los derechos fundamentales cometida por el Gobierno de España es gravísima y afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana. La actitud del Gobierno de España es antidemocrática, irresponsable y reaccionaria", insiste.

Alerta, no obstante, de que la convocatoria del 1 de octubre por parte de la Generalitat "tampoco resuelve el problema, dado que carece de las garantías democráticas y políticas suficientes y además el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana".

Además, Izquierda Unida constata que la hoja de ruta de Puigdemont "ha revelado también su falta de contenidos sociales y de regeneración democrática". En consecuencia, concluye, desde Izquierda Unida "no podemos reconocer los resultados del 1-O".

La coalición apoya expresamente la asamblea de parlamentarios, la defensa de una solución política y la denuncia de la "represión" del Gobierno como un "retroceso gravísimo de las libertades".

Señala como mejor solución "una negociación que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal", imprescindible para un país plurinacional y porque la Constitución de 1978 "está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años". "Necesitamos un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos humanos, algo imposible bajo el actual marco", proclama.

Con ese horizonte y en las actuales circunstancias, Izquierda Unida cree que el 1-O es "una movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno". Desde una fuerza que siempre ha defendido el derecho a decidir, abogan por permitir "que cada persona decida participar o no según su criterio personal".

Sin embargo, más allá de esa "movilización", la coalición considera que la convocatoria de "un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado, es la mejor solución para el ejercicio del derecho a decidir".

Su propuesta es "una República Federal solidaria" y la celebración de un referéndum pactado y con garantías, y se compromete a "trabajar para hacerlo posible".