Se trata de una operación ordenada por un juez de Barcelona en busca de evidencias de malversación o prevaricación por el empleo de fondos públicos para pagar los preparativos de la consulta del 1 de octubre tras ser anulada por el Tribunal Constitucional la ley que la convoca.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, al ser preguntado por esa operación Zoido se limitó a precisar que la operación sigue abierta y que la Guardia Civil está ejecutando las diligencias ordenadas por el juez.