Así lo señalaron los representantes sindicales que asistieron a la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para abordar, entre otros asuntos, la subida salarial de los funcionarios para los próximos tres años que afectaría, en principio, a un colectivo que ronda los tres millones de personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Desde el Gobierno no se trasladó en este encuentro ninguna cifra concreta de subida salarial, salvo lo que ya ofreció el Ministerio en la pasada reunión y que consistía en un incremento vinculado a distintas variables como el IPC y el PIB, con una parte fija y otra variable.

Los sindicatos señalaron que en principio, Hacienda estaría dispuesta a llevar a cabo un incremento de las nóminas más moderado en 2018, mientras que para 2019 y 2020 sería más elevado, y en el siguiente encuentro, previsto para el próximo martes, se concretarían las cifras.

No obstante, el presidente de CSIF, Miguel Borra, señaló que aunque la subida pueda tener una parte fija y otra variable, “todo depende de las cantidades que pongan encima de la mesa”.

El responsable de CSIF agregó que la pretensión es que “en el 2020 el poder adquisitivo que tengamos sea el mismo que el que teníamos en 2010” y si el Gobierno “quiere llevar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con acuerdo sindical, que haga un esfuerzo”.

Mientras, desde CCOO, Antonio Cabrera, explicó que el escenario macroeconómico que la secretaria de Estado les ha presentado “dista mucho de lo que nosotros entendemos por la recuperación que necesitamos los empleados públicos”.

Cabrera precisó que, según los datos de Hacienda, cada punto de subida salarial supone 1.120 millones de euros y eso “no llega ni al 2%” de incremento anualmente, por lo que “es imposible garantizar el poder adquisitivo de cada año”, que para las tres centrales es, de al menos, el 13% desde 2010.

“Somos bastante pesimistas en cuanto al contenido retributivo”, dijo Cabrera, pero en otros asuntos ve más factible el acuerdo como la extensión de la tasa de reposición del 100% a otros sectores tras aplicarlo a aquellos considerados prioritarios,

Mientras, en el caso de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, los sindicatos aseguraron que Hacienda está dispuesta a estudiar la flexibilidad de jornada en determinados sectores.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Frederic Monell, consideró “positivo” el hecho de reunirse con Hacienda y que se haya producido un diálogo con cierta antelación a la aprobación del anteproyecto de Ley de los PGE para 2018.

Sin embargo, agregó que tras el encuentro “no podemos trasladar optimismo”, advirtiendo de que “si no fuera posible un acuerdo, esa movilización estaría cargada de razones”.

La próxima semana se convocará la Mesa General de la Función Pública con el objetivo de cerrar la subida salarial antes de aprobar el viernes, 22 de septiembre, el anteproyecto de Ley de los PGE para 2018.