El ministerio público le atribuye presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito castigado con hasta ocho años de prisión y por los que están siendo investigados todos los ediles independentistas por orden de la Fiscalía General del Estado.

Además, la Fiscalía prepara otra querellas contra los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña por realizar actuaciones relacionadas con la organización del referéndum del 1-O pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

La querella se centra, en particular, en la designación de los integrantes de las sindicaturas provinciales, realizada el pasado día 8 por un decreto de la sindicatura catalana. La suspensión de cualquier acto de preparación o de desarrollo del referéndum fue acordada por el TC el día 7 y notificada personalmente a los titulares y suplentes de la sindicatura, Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Costa y Eva Labarta.