Esta instrucción viene a complementar la que ya fue dictada para los Mossos D`Esquadra, incluyento también a las polilicías locales que, en virtud de ella, tendrán que vigilar el cumplimiento de la suspensión del referendum acordada por el Tribunal Constitucional. La orden está contenida en una instrucción escrita remitida las fuerzas policiales locales por la fiscal Jefe de Barcelona.

Esta instrucción se hace efectiva el mismo día en que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha cursado una orden a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que investiguen a los posibles actos de colaboración llevados a cabo por 712 ayuntamientos catalanes en la organización del referéndum que la Generalitat quiere celebrar el próximo 1 de octubre.

Hasta el momento, son 712 los consistorios que se han pronunciado a favor de la celebración del referéndum y que están dispuestos a ceder espacios y colaborar para hacer posible la votación. Esos actos son los que serán investigados por contribuir a la celebración de una consulta que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según la orden, los alcaldes serán citados a declarar ante los jueces correspondientes en calidad de investigados y con asistencia letrada. En caso de incomparecencia, se procederá a su detención por los Mossos D´Esquadra y presentación ante la Fiscalía.

La Fiscalía advierte de que la colaboración en la celebración de un referéndum declarado ilgal podría ser constitutivos de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito condenado con hasta ochos de prisión. Además, la orden indica que los ediles serán citados dando preferencia a los municipios con mayor volumen de habitantes.

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Así, los máximos representantes municipales de Girona, Manresa, Martorell, Vic, Reus, Igualada, La Junquera El Vendrell, Cadaqués, Ripoll o Figueres tendrán que comparecer para declarar con la advertencia de que pueden ser detenidos si no acuden a la cita.

El fiscal general recuerda que el pasado 7 de septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del decreto de convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre, con la advertencia de que las autoridades tienen el deber de impedir expresamente su organización sin ignorar en ningún caso la decisión del Constitucional.

Entre los destinatarios de ese requerimiento el alto tribunal cita expresamente a los ayuntamientos. Además, cita la web de la Asociación de Municipios por la Independencia como fuente fidedigna del número e identificación de los consistorios que podrían incurrir en delito. Esta página actualizada este miércoles tiene un total de 712 municipios adheridos a la iniciativa del referéndum.