Hasta el momento, son 712 los consistorios que se han pronunciado a favor de la celebración del referéndum y que están dispuestos a ceder espacios y colaborar para hacer posible la votación. Esos actos son los que serán investigados por contribuir a la celebración de una consulta que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según la orden, los alcaldes serán citados a declarar ante los jueces correspondientes en calidad de investigados y con asistencia letrada. En caso de incomparecencia, se procederá a su detención y presentación ante la Fiscalía.