Así consta en el documento que la Abogacía del Estado, en representación de Rajoy, ha hecho llegar esta mañana al Pleno del Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se declare “inconstitucional y nula” la totalidad de la Ley de Transitoriedad de Junts pel Sí y la CUP, después de que Carles Puigdemont la publicara en el boletín oficial de la comunidad a última hora del viernes.

En el recurso, al que ha tenido acceso Servimedia, el Gobierno defiende que la Ley del Referéndum, ya suspendida por el TC, y la de Transitoriedad Jurídica suponen “el mayor ataque concebible a los valores de los estados democráticos de Derecho de los que España forma parte”.

Además, se explica que dicho recurso también resulta “imprescindible” para defender al propio Parlamento de Cataluña “como institución democrática autonómica” frente “a la apropiación que de él pretende un conjunto de diputados”, que estarían arrogándose “una legitimidad y una competencia de las que manifiestamente carecen”.

“Una de las formas más graves de atentar contra una determinada sociedad política es precisamente a través de la secesión unilateral de una parte de esa sociedad, mediante la ruptura de la base del sistema que es el poder constituyente”, se argumenta.

Para el Gobierno, la Ley de Transitoriedad es un “burdo documento” que se ha tratado de “orquestar” por una “exigua mayoría parlamentaria”. En el recurso se define la norma catalana como “una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial que, de suyo, la proclamación de una república independiente implica”.

“EXPULSIÓN EXPRESA” DEL DOCUMENTO APROBADO

Se remarca, asimismo, que la defensa del orden constitucional y, en particular, del Parlamento de Cataluña como institución autonómica “exige la expulsión expresa” de la Ley de Transitoriedad “como ley formal de nuestro ordenamiento jurídico”, corrigiendo así “el abuso” cometido mediante su aprobación y publicación oficial.

La decisión del Gabinete de Puigdemont de publicar la norma el viernes por la tarde, en la versión digital del diario oficial, dio lugar a que la Abogacía del Estado dejase la presentación del recurso para este lunes.

Esto propició que la Ley de Transitoriedad no fuese suspendida por el Constitucional horas después de aprobarse en el Parlamento catalán, cosa que sí sucedió con la Ley del Referéndum. Ésta última norma fue suspendida horas después de aprobarse en la Cámara autonómica y tras admitir los magistrados el recurso del Gobierno central.

La Ley de Transitoriedad, aprobada por Junts pel Sí y la CUP, es la primera de las llamadas 'leyes de ruptura' y pretende permitir la secesión de Cataluña del conjunto de España para crear una “república de derecho, democrática y social”, en la que esta comunidad autónoma dejaría de depender de la legalidad común.

Además, esta ley independentista contempla cuestiones como que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en el Tribunal Supremo Catalán y se crearía una Sala Superior de Garantías en sustitución del Tribunal Constitucional, que se haría cargo de los recursos de amparo.