El valor estimado del contrato es de 27,45 millones de euros en seis años, ya que su duración es de tres años prorrogables hasta un máximo de seis. Este importe ha requerido su autorización previa por el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

El objetivo de este contrato es “mejorar y dar continuidad a este servicio”, que está contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género, para lo que se incluye un servicio de puesta a disposición de dispositivos de seguimiento telemático y con tecnologías más modernas, informó el Ministerio.

De este modo, se garantiza la prestación y la continuidad del servicio, sin interrupción, “siempre en beneficio de la seguridad y protección de las víctimas de violencia de género”.