Cataluña. El CSIF aplaude la posición de los funcionarios y letrados del Parlament que no ampararon la Ley del Referéndum

MADRID
SERVIMEDIA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aplaudió este viernes la posición de los funcionarios y letrados del Parlament de Cataluña que advirtieron de las consecuencias legales que pueden derivarse de la aprobación y promulgación de la Ley del Referéndum.

En un comunicado, el sindicato señaló que esta actuación “es el mejor ejemplo de la independencia, la profesionalidad y el sentido de Estado de nuestros empleados públicos” e informó de que promoverá en las mesas de negociación del conjunto de España una declaración de apoyo a los funcionarios catalanes.

El sindicato también indicó que los representantes de empleados públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas realizarán declaraciones institucionales para trasladar a sus compañeros catalanes “que no están solos, que nos tienen a su lado y cuentan con todo el apoyo, colaboración y respeto del conjunto de los empleados públicos de todos los ámbitos de nuestras administraciones”

En este sentido, el CSIF señaló que los funcionarios son “un elemento cohesionador del Estado” que trabajan “para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de Derecho desde el comienzo de la democracia”.

Asimismo, el sindicato afirmó que “la primera obligación del empleado público, en cualquiera de las administraciones, es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

INSEGURIDAD JURÍDICA

El sindicato también destacó que en los últimos años “los empleados públicos han sido uno de los colectivos que más recortes ha sufrido en sus condiciones laborales y ahora se enfrentan, para mayor gravedad, a una situación que les genera inseguridad jurídica como consecuencia del denominado proceso soberanista”.

En esta línea, el CSIF recordó que los empleados públicos, como consecuencia de este proceso, pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales, por lo que señaló que, en defensa de los intereses de los trabajadores, no consentirá “que se vea afectada la seguridad jurídica, ni las condiciones laborales, ni el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política”.

(SERVIMEDIA)
08 Sep 2017
IPS/gja