Así lo recoge la Memoria de la institución presentada, con motivo del inicio del año judicial, por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que dedica un capítulo a los delitos económicos.

En el texto se hace referencia a la dificultad para obtener información estadística en delitos económicos, al no contar con una herramienta informática igual en todo el territorio, aunque subraya que “la cifra total de procedimientos incoados permanece estable con ligera tendencia a aumentar”.

Desde la Fiscalía abogaron por la creación de un fiscal coordinador en materia de delincuencia económica, con especial dedicación a los delitos contra la Hacienda Pública.

Además, reiteraron su reclamación de que existan grupos o unidades de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la investigación de la delincuencia económica a las “órdenes directas y exclusivas” de jueces o fiscales encargados de depurar las responsabilidades derivadas de estos delitos.

Por otra parte, en la memoria se apunta que “los mayores efectos de la crisis económica han remitido”, aunque “resulta obvio que tal conclusión no es válida para una importantísima parte de la población”.

Por ello, mantuvieron una recomendación que otras veces se han hecho a los fiscales, como es la de evitar, en lo posible, la criminalización de conductas cuya causa única sea la “desesperada situación económica del autor”.

Mientras, se apuesta por extremar el rigor en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causaren pérdidas de puestos de trabajos o perjuicios a pequeños ahorradores.