A su juicio, la legislación española contempla supuestos suficientes para que el Gobierno rechace la solicitud de extradición del escritor y periodista a Turquía, una vez este país formalice la petición dentro del plazo de 40 días del que dispone.

En primer lugar, indica, la Ley de Extradición Pasiva (LEP) permite rechazar una petición cuando se tengan “razones fundadas para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de castigar a una persona por opiniones políticas”.

Según la plataforma, las acusaciones que pesan sobre Hamza Yalçin carecen de fundamento y credibilidad y solo hacen referencia a su legítimo derecho de crítica, ejercido como periodista y escritor.

Además, la PDLI considera “inaceptable” que aún se desconozca el motivo exacto por el que se acusa al periodista, aunque subrayó que “la ley es clara al señalar que estas solicitudes se rechacen cuando se trata de delitos de carácter político”.

Finalmente, la PDLI apunta que la denegación podría también apoyarse en el artículo 4.6 de la LEP, “al no ofrecer Turquía garantías suficientes de asegurar la integridad del periodista o la ausencia de tratos vejatorios”.

Para ello, trasladará a la Fiscalía documentos que a su juicio demuestran la situación de constante violación de los derechos humanos y las libertades en Turquía, las noticias e informes donde se recogen estos hechos y pruebas de la alarma social internacional generada tras su detención.

EXPLICACIONES

La PDLI reiteró su exigencia de que, mientras esto se resuelve, Gobierno, Fiscalía y Audiencia Nacional “den los pasos necesarios para que el periodista sea liberado de inmediato”.

Además, instó al Ejecutivo a explicar las razones de esta detención y los detalles concretos de la orden de detención, más allá de las informaciones que han transcendido.

En particular, quiere conocer por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la prisión para el periodista.