Así lo denunciaron en un comunicado conjunto AEMS-Ríos con Vida, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Ecologistas en Acción, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), SEO/BirdLife y WWF España.

Estas ONG apuntaron que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha aprobado recientemente el Real Decreto Ley 10/2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, así como los distintos reales decretos de sequía y sus sucesivas prórrogas, con el objetivo de seguir gestionando estas circunstancias como si fueran “excepcionales”.

Sin embargo, las organizaciones explicaron que “las sequías son fenómenos naturales y recurrentes en ambientes mediterráneos como el propio de la mayor parte de España”, y que “el cambio climático va a hacer que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes e intensos, incluso en territorios como la España húmeda, lo que agravará las situaciones de escasez de recursos hídricos”.

En este sentido, reclamaron al departamento dirigido por Isabel García Tejerina que dé “un giro en la forma de abordar estos fenómenos extremos, a través de la integración de su gestión y prevención como parte de la planificación hidrológica ordinaria”.

Así, apuntaron que los planes hidrológicos de demarcación de cuencas tienen que ser los instrumentos en los que se integren todas las medidas necesarias para la gestión del agua, incluidas aquéllas para la gestión de las recurrentes sequías, basadas en la protección de los ecosistemas acuáticos y acuíferos para las generaciones futuras.

RECURSOS DISPONIBLES

De acuerdo con el principio de precaución, las ONG recalcaron que los planes hidrológicos deberían calcular los recursos disponibles y seguir su evolución en el tiempo. En función de ello, añadieron, habría que adaptar las demandas, previendo que el uso de los recursos en periodos de pluviometría media o alta deje margen para asegurar reservas suficientes en periodos de sequía.

“Estos criterios no se están siguiendo, más bien se está realizando todo lo contrario. Se da continuidad a un sistema que mantiene las demandas por encima de su propia capacidad, poniendo en riesgo el futuro de nuestros ríos, humedales y acuíferos, pero también la disponibilidad de recursos para los distintos usuarios del agua. Una situación que se intensifica en periodos de sequía”, apostillaron.

Por otro lado, consideraron necesario mejorar el sistema de indicadores que se usan en los Planes Especiales de Sequía (PES) para declarar un periodo de sequía, ya que actualmente no distinguen entre las ‘sequías meteorológicas’ (causadas por una bajada de las precipitaciones por debajo de la media registrada) de las de las ‘sequías construidas’, es decir, situaciones de escasez de agua vinculadas a los niveles de los embalses y acuíferos, por lo que dependen en gran medida de qué tipo de gestión (buen o mal uso/ahorro) del recurso se haya hecho antes y después de que las lluvias disminuyan.

Las siete organizaciones subrayaron que las sequías son fenómenos extremos que tienen que estar incluidos dentro de la planificación hidrológica ordinaria, el lugar de “asumir que se trata de situaciones excepcionales que tienen que ser gestionadas a golpe de decretos de sequía urgentes, sin transparencia y participación de la sociedad al no ser sometidas a la consulta de los miembros del Consejo Nacional del Agua”.