Para la consejería, este hecho garantiza que se cumplen correctamente las medidas judiciales que dictan los Tribunales de Menores de Castilla-La Mancha, a cuyo cumplimiento ha destinado 5,2 millones de euros desde 2001.

En este sentido, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, destacó "el excelente trabajo que se lleva a cabo con estos menores que tienen medidas judiciales, pues el fin último es conseguir que estos chicos y chicas no vuelvan a cometer más infracciones, y puedan volver a llevar una vida totalmente normalizada y acorde con su edad".

Entre estas medidas de medio abierto se encuentran la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas o el tratamiento ambulatorio, entre otras.

El fin último de estas actuaciones realizadas sin el internamiento del menor es dar una respuesta a la infracción cometida, responsabilizar al joven de sus propios actos y educarlo para evitar que reincida en ese comportamiento. Además, las medidas que incluyen las prestaciones en beneficio de la comunidad tienen como fin reparar el daño causado.

Para ello, la Consejería de Bienestar Social dispone de una plantilla de profesionales formada por 29 técnicos de Atención al Menor y 5 coordinadores de Medio Abierto, que se distribuyen en las cinco provincias de la comunidad autónoma y se encargan de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.

Castilla-La Mancha, al igual que resto de comunidades autónomas, asumió las competencias en materias de menores infractores en el año 2001, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.