Así lo explicó a Servimedia un portavoz de la compañía, quien apuntó que la más destacada de las particularidades de Garoña es que es una central que lleva parada casi cinco años y que ha acumulado unas pérdidas de 360 millones de euros a lo largo de ese periodo.

Por ello, Endesa sostiene que Garoña “en ningún caso supone precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de las centrales nucleares españolas”.

Además, la compañía destaca que a lo largo de todo el proceso relativo al futuro de la central, ha mantenido siempre la misma posición, uno de cuyos elementos esenciales ha sido no desistir de la solicitud de renovación de la autorización y facilitar que el Gobierno adoptara una decisión al respecto bajo condiciones que fuesen técnica y económicamente viables.

En este sentido, en la última reunión del Consejo de la sociedad propietaria de la central, Nuclenor, celebrada el pasado 19 de julio, Endesa propuso la presentación de una serie de alegaciones, en el marco del proceso abierto al respecto por el Ministerio de Energía, tendentes a hacer viable económicamente la explotación de la planta, cosa que no fue aceptada por el otro socio de Nuclenor, Iberdrola.

“Una vez que el Gobierno ha decidido definitivamente denegar la continuidad de la planta, la actitud de Endesa no puede ser otra que respetar y asumir esa decisión, colaborar lealmente en su cumplimiento y, por consiguiente, ejecutar todas las operaciones conducentes al desmantelamiento seguro de la instalación”, afirmó el portavoz.

En cuanto al resto de centrales, Endesa considera que debería ser extrapolada la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre Garoña a la consideración sobre la operación segura del resto, todas ellas más modernas que Garoña y que ya han ejecutado las inversiones que le han sido exigidas a la nuclear burgalesa.

Por ello, Endesa sigue defendiendo la necesidad de proceder a la operación a largo plazo, más allá de 40 años, de las demás centrales nucleares españolas, “a fin de hacer posible el necesario proceso de transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada y desarrollarlo en condiciones de plena seguridad de suministro y niveles adecuados de precios eléctricos”.