Los delitos están relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, ya que los implicados figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.

Dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, mientras que sobre otros tres pesan cargos por falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Los 78 detenidos restantes están acusados de delitos de falsedad documental y estafa.

La investigación se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, en los controles habituales en materia de recaudación, detectó la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores, al tiempo que incumplían de forma reiterada la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.