Se trata de un impuesto a la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de la difusión de la cultural digital, cuyo capítulo I había sido recurrido.

El TC entiende que el Parlamento catalán se "extralimitó" en su regulación, vulnerando el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), del 22 de septiembre de 1980, que especifica que "los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".

Por tanto, el Alto Tribunal entiende que la implantación de este impuesto excede las competencias de Cataluña en materia tributaria y grava por partida doble una actividad que ya paga el IVA.