El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, informó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de ese acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Recordó que el 5 de julio el Tribunal Constitucional declaró nulas las partidas presupuestarias de la Generalitat que puedan destinarse a financiar esa consulta, y pese a ello, recalcó, desde la Generalitat han reiterado su pretensión de seguir adelante, lo cual comporta un "riesgo para el interés general" e "incertidumbre económica perjudicial" para ciudadanos y empresas.

Por ello, el Gobierno requerirá a la Generalitat informes semanales en los que deberán certificar que no se han ejecutado esos gastos. Si se ejecutaran, la información sería trasladada a las autoridades competentes para depurar responsabilidades, y si no se reimitieran los informes se condicionaría el desembolso del FLA, que prevé 3.600 millones para Cataluña este año.