El Ejecutivo interpondrá dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas normas de la Junta de Andalucía, al no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con la Junta.

En concreto, el Gobierno señaló que la norma aprobada por la Junta contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las administraciones públicas en 37,5 horas, así como el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El Ejecutivo consideró que el decreto ley aprobado por la Junta “no es el instrumento adecuado para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia”, y los cambios, “sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos, solo podrían producirse con una modificación de la normativa estatal”.

En lo que respecta a la Ley de Presupuestos de Andalucía, el Gobierno también interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra esta norma autonómica por habilitar la contratación de personal laboral temporal y nombrar personal estatutario temporal y funcionario interino para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada de 35 horas.

El Gobierno recordó que en 2013 se estableció la jornada general de trabajo no inferior a las 37,5 horas, tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece los límites de déficit y endeudamiento fijados por la Administración del Estado, y cuya constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo añadió que “si considera inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también estima inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva”.