Camps ha recalcado que la Generalitat fiscaliza sus cuentas año tras año y ha insistido en que el Ejecutivo valenciano es el gobierno autonómico que más rápidamente fiscaliza sus cuentas, a año vencido, mientras otros gobiernos tardan hasta cuatro y cinco años, incluido el Gobierno de España, “cuya fiscalización pasa una temporada bastante larga en ser conocida”.

El presidente autonómico aseguró que el Gobierno valenciano ha contestado en tiempo y forma a cada requerimiento que se le ha realizado. Asimismo, destacó que la administración autonómica trabaja diariamente con más de 3.000 proveedores y que las adjudicaciones a las que se está haciendo referencia dependen de más de 50 personas, de funcionarios de carrera y de altos cargos, así como de distintas instancias de la administración autonómica.

“Se está hablando de un gobierno que tiene más de 100.000 funcionarios, que presta sanidad y educación y políticas sociales y cuyo presupuesto es de más de 16.000 millones de euros año”.

CREDIBILIDAD

Camps ha recordado que es la tercera vez que estos informes se remiten al TSJ de la Comunidad Valenciana y que han sido rechazados, por lo que entiende que al no haber cambiado nada en estos meses, también en esta ocasión deberían de obtener el mismo resultado.

“No hay un solo papel nuevo, no hay un solo informe nuevo”, ha afirmado, y ha recordado que los informes de las oficinas de auxilio judicial han sido desestimados en ocasiones anteriores por el Tribunal Supremo por ser considerados parciales, y que la Agencia Tributaria no deja de ser un organismo al servicio del Gobierno.

Al respecto Camps denunció que el Gobierno valenciano está siendo objeto de un “acoso sin parangón” y se ha comprometido a seguir trabajando para demostrar que no todo es un montaje.

Por ello el presidente valenciano pide que se atiendan a las explicaciones del Gobierno valenciano y se les dé, al menos, la misma credibilidad que se le ha dado a otras afirmaciones.

En este sentido ha pedido que se conceda el beneficio de la duda y que impere la presunción de inocencia que una administración autonómica.