Una de las principales modificaciones en la Ley de Cajas se refiere a la ampliación en cinco años más de la edad máxima de jubilación de los directores generales, hasta los 70, lo que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de la ‘supercaja’ en su primer lustro de andadura.

Los cambios afectan también a los miembros de las cajas que han cumplido el mandato de los doce años, situación en la que se encuentran los presidentes de Caja de Segovia, Atilano Soto, y de Caja de Ávila, Agustín González, quienes podrán continuar en el ejercicio de su cargo hasta la fecha de la asamblea general en la que se produzca la incorporación de los nuevos miembros, una cita que se producirá, previsiblemente, a finales de año.

En cuanto a la prórroga del mandato de los órganos de gobierno, la nueva modificación legal anularía una disposición que se incorporó en diciembre en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que preveía el cese de los cargos que llevaran más de doce años de mandato. Debido a esta disposición, tenían que dejar sus cargos los presidentes de Caja Segovia y Caja de Ávila, así como otros miembros de los consejos de administración, que en el caso de Caja Segovia afectaría al representante de los empleados Eduardo Aguado, y varios miembros de la asamblea general, aunque desde la entidad segoviana no se ha facilitado la relación exacta de todos los afectados.

La enmienda pactada entonces recogía taxativamente la fecha de cese, aunque se esté llevando a cabo o no el proceso de fusión o integración con otras entidades. En cambio preveía la prórroga para quienes no hayan cumplido ese periodo de doce años. Con la nueva ley, se anulará esta previsión y se prolongará su mandato hasta que se celebre un nuevo proceso electoral que de lugar al nombramiento de nuevos consejeros generales, algo previsto para finales de año.

Así, tanto Atilano Soto como Agustín González permanecerán en sus cargos varios meses más. En este caso, los grupos parlamentarios justifican la decisión en que los procesos de fusión e integración en curso “puedan seguir celebrándose dentro de un marco de estabilidad”.

Sin embargo, el legislador quiere aclarar las diferencias entre los procesos de fusión y los de integración. Así, pone de manifiesto en el nuevo texto que únicamente quedarán paralizados los procesos electorales cuando las entidades estén culminando un proceso de fusión, mientras que el calendario electoral previsto, entre septiembre y diciembre de este año, se aplicará en las que negocien la conformación de un Sistema Integrado de Protección (SIP), es decir, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila.