La información, remitida por el ministerio al Congreso de los Diputados, señala que 45.697 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) mediante 38.595 reestructuraciones de deuda, 7.095 daciones en pago y 7 quitas. Además, a 9.062 familias se les ha asignado una vivienda a través del Fondo Social de Vivienda (FSV); y se han suspendido 24.039 lanzamientos.

El ministerio señaló también que hay “una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del CBP en correlación con el impulso de la economía española”.

Así, mientras en el primer semestre de 2016 se recibieron 17.306 solicitudes, en el segundo se recibieron 9.239. De estas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 fueron reestructuraciones de deuda y 417 daciones en pago.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron las que registraron mayor número de solicitudes. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98% del primer semestre de 2015 y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 y 150.000 euros.

El ministerio recuerda que el CBP se firmó en marzo de 2012 “con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad”. El Gobierno impulsó este código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. Su objetivo “es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos” subraya el ministerio.