Durante la rueda de prensa de ejecución presupuestaria, Ocaña afirmó que esta decisión "es una muy buena idea y una muy buena medida".

Preguntado sobre por qué no se informó de la entrada en vigor de esta norma (que será el 1 de enero de 2011 y no a partir de este martes como recogía el BOE), Ocaña se limitó a decir que "el Consejo de Ministros ha decidido lo que ha decidido".

A pesar de la insistencia de la prensa, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos zanjó la polémica diciendo que "tiene más aspectos positivos que negativos" y que el hecho de que "sea una fecha o en otra es una consideración menuda" sobre la importancia de la propia medida.

"Es importante que la deuda de los ayuntamientos no siga creciendo", aseveró Ocaña, tras añadir que una iniciativa de este tipo no podría aplicarse a las comunidades autónomas porque tienen autonomía financiera, aunque sí sería recomendable que trabajasen para reducir su déficit de manera importante.

Sobre si la prohibición restará crecimiento a la economía, Ocaña afirmó que el efecto "es desdeñable" y "no hay que tomarlo en cuenta porque es un efecto menor".

Ocaña recordó que en estos dos últimos años los ayuntamientos se han estado financiando a través del fondo de inversión local y ahora tienen que hacerlo "con los recursos de que dispongan". Reconoció que no afectará de igual medida a todos los ayuntamientos, "pero es una medida transitoria y no creo que sea un gran problema retrasar las inversiones doce meses".

En este sentido, el responsable de Hacienda y Presupuestos, recordó que las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuirán de manera decisiva a acelerar la reducción del déficit y llegar a 2013 con una déficit del 3% del PIB.