Así consta en el informe ‘El trabajo por cuenta propia en las orquestas. Situación de las y los ‘freelance’ de la música’, cuyas conclusiones publicó este jueves el Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deportes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) y la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (Ampos).

Este documento dibuja la precariedad laboral de un colectivo con “escasos ingresos, jornadas irregulares, tarifas congeladas y, en muchos casos, contratos por horas que sólo cubren el tiempo que dura un concierto”.

El informe pone de manifiesto que el 88,9% de los concertistas son ‘freelance’ por obligación, frente al 11,1% que lo son voluntariamente. En ese sentido, el 72% de ellos no cuenta con un empleo por cuenta ajena, lo que les obliga a trabajar en un mes hasta en tres orquestas o agrupaciones diferentes para poder cubrir sus necesidades básicas.

A su vez, el 46% de los músicos ‘freelance’ de orquestas sinfónicas cobran menos de mil euros al mes; el 28% entre mil y 1.500 euros; el 14% entre 1.500 y 2.000 euros; y el 6% entre 2.000 y 2.500 euros.

A lo anterior se añade que para el 58% de estos concertistas su caché es el mismo después de la pandemia y de la crisis inflacionaria; para el 32% es más bajo; y para el 10% es más alto. A pesar de que el 44% de estos músicos trabaja entre 7,5 y 10 horas diarias entre ensayos, conciertos y horas de estudio, su principal orquesta sólo les proporciona el 30% de sus ingresos.

Siete de cada diez músicos son contratados por las orquestas privadas, aunque el 50% son dados de alta en la Seguridad Social durante el tiempo que dura el concierto. Por ello, hasta el 56% de los encuestados considera que las condiciones de trabajo no se ajustan a la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Por último, en lo concerniente a los asuntos prioritarios para la acción sindical y asociativa, un 49% apuesta por abrir, negociar y alcanzar acuerdos colectivos para el sector, un 33% enfocaría la negociación hacia la mejora de las tarifas, y un 14% considera necesario el asesoramiento legal.