En la Subcomisión del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, Utrera denunció la poca independencia de la que a su juicio dispone la Inspección Educativa, situación que achacó en parte a la elevada proporción de “inspectores accidentales” (esto es, que ocupan su puesto de forma temporal) existentes en los distintos servicios autonómicos.

“Si un inspector está pendiente de que año a año le renueven su comisión de servicios para mantener su puesto, difícilmente va a elaborar un informe en contra del director de área o del consejero de turno de los que depende. No digo que sea así, pero sí que existe el temor”, agregó.

Según Utrera, en comunidades como Madrid el porcentaje de inspectores accidentales llega al 30%, pero es que en Cataluña son incluso un 70%. Además, prosiguió, estos suelen ocupar los puestos más conflictivos y que nadie quiere, como vigilar la comisión de escolarización.

Por ello, Utrera pidió la creación de un cuerpo estatal único de inspectores educativos dependiente del Congreso de los Diputados, que actúe en función de las directrices marcadas por este y por los parlamentos autonómicos pero que “goce de total autonomía”.

Orgánicamente podría depender del Ministerio, pero “estaría supeditado al Parlamento y le rendiría cuentas mediante la presentación de una memoria anual”, agregó.

En su opinión, ello garantizaría una mayor independencia de la Inspección Educativa, que en la actualidad tiene “muchos problemas para ejercer labores de control sobre las administraciones (las consejerías) de las que al mismo tiempo depende".

Explicó que la figura del inspector está regulada por una ley orgánica a nivel nacional, pero que después cada autonomía la ha desarrollado mediante decreto, con lo que existen grandes diferencias.

Así, pidió que se homologuen los sistemas de acceso y los requisitos existentes entre autonomías, “puesto que somos un cuerpo estatal”, y reclamó más formación a cargo del Ministerio.

VIGILAR AL QUE VIGILA

En cuanto a la Alta Inspección del Estado, Utrera rechazó que se trate de “una leyenda urbana”, como apuntó en tono irónico la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, y defendió la existencia de dicho cuerpo.

A su juicio, “realizan un trabajo muy complicado”, puesto que “cuando el Gobierno central y la consejería de turno no coinciden en su color político, pueden saltar chispas”.

Además, se encuentran con que no tienen bien definido su ámbito de actuación, a diferencia de la Inspección Educcativa, “que somos autoridad pública y sabemos en cada momento qué podemos pedir cuando llegamos a un sitio”.

Con todo, Utrera abogó por “replantear” las competencias de dicho cuerpo y orientarlo hacia la búsqueda de consensos, “para que además de revisar lo que otros han hecho, puedan también intermediar”.

Asimismo, reclamó la participación de inspectores educativos en la Alta Inspección, ya que "conocemos mucho más a fondo el sistema".

Por otra parte, Utrera instó al Ejecutivo a aumentar el gasto público en educación, sustituir el acceso a la función docente por un sistema tipo ‘IR, implantar un currículum más ligero y flexible, recuperar los programas de atención a la diversidad y buscar fórmulas alternativas a la repetición de curso.